El juez Serrano cabalga otra vez.

Por Alfonso Basallo y la Redacción de Actuall.

Lo malo de los sistemas totalitarios es que ni los jueces se libran. Y entonces no hay seguridad jurídica, ni presunción de inocencia… Y si eres acusado date por condenado.

Ser juez en la China de Mao o en la Venezuela de Maduro es como un círculo cuadrado. Porque careces de independencia, eres un mero tornillo del engranaje: prácticamente un mandado del Capo.

Salvando las distancias algo análogo ocurre en regímenes democráticos de Occidente con ese totalitarismo disfrazado de libertad que es la Ideología de Género y el feminismo radical.

¿Como se puede hablar de independencia judicial si una ley como la española de Violencia de Género asume que la violencia es consustancial al hombre y es preciso corregir esa tendencia?

¿Como se puede hablar de justicia si a la sombra de la ley de Violencia de Género ha crecido un negociete de denuncias falsas de las que se benefician asociaciones feministas? Actuall ha sido, por cierto, uno de los pocos medios de comunicación que lo ha investigado publicando, por ejemplo, que más del 87% de las denuncias por violencia de género no acaban en condena.  Eso sí, la interposición de la mera denuncia por malos tratos, por parte de la mujer, provoca la detención del varón, la expulsión del domicilio familiar o la imposibilidad de la custodia compartida.

Y si a un juez se le ocurre cumplir con su deber y actuar con independencia frente al lobby ya se puede dar por perdido. Es lo que le ocurrió a Francisco Serrano, que lleva años en el punto de mira de las feministas radicales.

Tomó una decisión que le colocó en el disparadero de los defensores de lo políticamente correcto y la imposición de la ideología de género: alargar el permiso de paternidad de un niño durante día y medio para que acudiera a una procesión.

Se le acusó de un delito de prevaricación dolosa y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le condenó a dos años de inhabilitación.

Convencido de su inocencia, Serrano recurrió al Supremo, que no se quedó en ratificar la condena, sino que amplió la inhabilitación a diez años.

El Tribunal Constitucional admitió el recurso de amparo, anuló la sentencia del Supremo, pero mantuvo la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla. El juez Serrano está ahora a la espera de nuevo destino.