El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha esperado a que la Ley anti-discriminación LGTB empiece a aplicarse, para predicar con el ejemplo de la homogeneidad y la intolerancia que la nueva norma instauran alrededor de la perspectiva de género obligatoria. Aprobada el pasado jueves en la Asamblea regional, casi por unanimidad, la ley incluye, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria de la ideología de género en los colegios públicos y privados, la posibilidad de multar con 45.000 euros a un sacerdote que atienda a una persona homosexual que quiere cambiar de vida, o la inversión de la carga de la prueba en las denuncias por homofobia y transfobia. Para mostrar algunas de las prestaciones más inquietantes de la ley, el portavoz del gobierno regional, Ángel Garrido, del PP, empezó señalando desde su cuenta de Twitter a Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, una de las plataformas ciudadanas que han denunciado que la nueva ley recorta la libertad personal de la mayoría de la población para favorecer la discriminación positiva de una minoría de activistas ideológicos. La nueva ley asume premisas controvertidas como la idea de una identidad de género libremente determinada. Al convertirse en un precepto legal, promoverse como un valor de las instituciones, enseñarse en los colegios y modificar el principio de la presunción de inocencia, la discriminación positiva se practica a costa de la libertad de los demás. En aras de una supuesta diversidad sexual, se suprime la diversidad de ideas. Este es el impacto de la nueva ley madrileña, sobre el que diversas voces de la sociedad civil española están alertando en los últimos días. ¿Es esta crítica infundada? ¿Es irrespetuosa? ¿Atenta contra la democracia? El portavoz gubernamental de Madrid cree que sí. En su perfil de Twitter, Ángel Garrido descalificó como “anti-cristiano” a Ignacio Arsuaga. Aquí puedes leer la respuesta del presidente de HO en Actuall. Se diría que el Gobierno de la presidenta Cristina Cifuentes ha elegido a un discrepante de sus políticas para enviar un mensaje al resto de la sociedad. La polémica ley recién aprobada deja suficiente margen de discrecionalidad a los gobernantes para perseguir la crítica y sofocar la diversidad de pensamiento, como para no pensar que el mensaje de un político con poder ejecutivo entraña algo más que un desahogo personal. (Con información de ABC, Religión en Libertad, Actuall)
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